El próximo 24 de marzo se celebra en Xixón el partido de fútbol entre las selecciones española e israelí de fútbol. Se trata de un evento deportivo de relevancia para Xixón, ya que es una ocasión especial para asistir a un encuentro en el más alto nivel. Sin embargo, la elección de la ciudad para disputar este partido no parece la más apropiada teniendo en cuenta el acuerdo plenario aprobado en el mes de enero de 2016 en el que se llamaba la atención sobre la vulneración de los derechos humanos de Israel en los territorios ocupados de Palestina.

       En esa proposición, impulsada por PSOE, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida, Xixón manifestaba su compromiso y su defensa de los derechos humanos frente al Estado de Israel que , tal como constata la misma ONU, ha hecho caso omiso de las diversas leyes y resoluciones en favor de la paz y el respeto de los derechos humanos en la zona. Lamentablemente, el PSOE se ha desmarcado de la proposición tratando de revocarla ante la simple celebración de este encuentro futbolístico.

       Por su parte, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida se congratulan de que Xixón sea ciudad de acogida para eventos deportivos de alto nivel, pero no pueden dejar de recordar que el Estado de la selección que se enfrenta a España, Israel, viene recibiendo continuos reproches de la comunidad internacional por la vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina.

       Así, el Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a instar a Israel en su resolución 2334 del 23 de diciembre de 2016 a paralizar y levantar los asentamientos en los territorios ocupados de Palestina (Altos del Golán, Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental). La misma Unión Europea, siguiendo el derecho internacional, no reconoce estos territorios como israelíes.

       Unos territorios ocupados que, según el Consejo de Seguridad de la ONU, “constituyen una flagrante violación de los derechos humanos”. Por su parte, el relator especial de la ONU Michael Lynk denunciaba este mes de febrero que “los asentamientos amenazan el derecho de autodeterminación de los palestinos y les obstaculizan el movimiento en su propio territorio, además de socavar su derecho al trabajo, la salud, la educación y la vida familiar”.

       Según el Banco Mundial, las restricciones al movimiento y al acceso a la tierra y otros recursos cuestan a la economía palestina 3.400 millones de dólares al año e impiden a muchas familias poder mantenerse.