• Ana Castaño: “Estamos hartos de los retrasos continuos en cualquier prestación municipal”.

Ana Castaño compareció en rueda de prensa para explicar las modificaciones que la formación ha propuesto sobre el borrador de las bases del ‘Plan de Emergencia Social-Renta Social Municipal’, cuyo desarrollo está marchando con lentitud. Por ello, la edil comenzó reclamando “establecer un calendario de puesta en marcha. No estamos dispuestos a que se siga dilatando en el tiempo”.

“Está bien que los grupos plaanteemos nuestras propuestas y que participen las entidades sociales, pero es necesario fijar un plazo ya”, prosiguió Castaño, que contempla que “no se debe dilatar más allá de primeros de marzo. No podemos vivir en un microclima y en un debate interno nuestro para una medida destinada a personas con muy pocos recursos”. También recordó que “solo en familias perceptoras del salario social puede beneficiar a más de 11.000 personas”.

Al margen de la exigencia de plazos claros Ana Castaño se mostró crítica con ciertos límites que figuran en las bases: “Creemos que si estamos ante una medida que va asegurar ingresos desde los 532 a 1064 euros en función de los miembros de la unidad familiar, esto tiene que ser real, no vamos a colaborar en hacer de esto una medida de propaganda, y menos en medidas dirigidas a una población tan vulnerable. Si se pone un tope de 250 euros puede haber familias que no llegarían al nivel de ingresos que se quiere justificar”.

Sobre otras medidas, Castaño cree que “debe bajarse la edad mínima de 23 a 18 años y que en vez de un año empadronado en la ciudad, sean seis meses”, pero mostró su preocupación por las prestaciones que el Gobierno va incluir en la valoración de la capacidad económica de las personas, indicando que “creemos que no debería computar ninguna de las prestaciones que en este momento hay, pero nuestra línea roja está con las ayudas que tienen que ver con la infancia; son derechos de los niños y niñas de esta ciudad y no deben utilizarse para rebajar la cantidad económica que reciban las familias”.

Ana Castaño mostró su preocupación por algunos de los aspectos administrativos, como “el plazo para resolver, que en el borrador dicen que sea de tres meses y creemos que con dos en suficiente, estamos hartos de los retrasos continuos en cualquier prestación municipal”. Pero además IU quiere que “las bases incluyan que, en el supuesto de que la administración no resuelva en plazo, el silencio debe ser positivo, si no cumplen con el plazo, la persona adquiere el derecho”.