• Aurelio Martín: “Es una inmoralidad que ayuntamientos que tienen superávit, que tienen más ingresos que gastos, no puedan dedicarlo a políticas sociales o de creación de empleo”.
• Ana Castaño: “Se prevé un superávit de 19 millones de euros que no podremos dedicar al gasto social, porque tienen que ir al pago de la deuda”.

Los concejales de IU Aurelio Martín y Ana Castaño presentaron una iniciativa plenaria que pretende reforzar la reciente proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos para combatir las políticas de austeridad impuestas a los ayuntamientos. Entre las exigencias de la proposición de acuerdo se encuentran la de políticas como la Regla de Gasto que limitan la capacidad de los Ayuntamientos para hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos.

Aurelio Martín declaró que el objetivo principal es “una política que priorice las necesidades de las personas sobre la austeridad que marca el Gobierno de España”, añadiendo que “es una inmoralidad que ayuntamientos que tienen superávit, que tienen más ingresos que gastos, no puedan dedicarlo a políticas sociales o de creación de empleo porque se prejuzga dogmáticamente que solo puedes hacer gasto en función de lo que has ejecutado el año anterior”. Sentenció, en referencia a la ejecución del Ayuntamiento de Gijón que “sería irreal que teniendo más ingresos que gastos estemos limitados en el gasto por la incapacidad que ha tenido un gobierno de gestionar y solucionar los problemas de la gente”.

Entre los puntos de la proposición enunciados por Martín están “que este Ayuntamiento colabore con otros para darle una vuelta a estas políticas de austeridad, que cambie todo lo que tiene que ver con la Regla de Gasto y que se exija al Gobierno de España la necesaria y urgente modificación de los estatutos del Banco Central Europeo para que los estados puedan financiar sus déficits mediante financiación monetaria directa de este organismo, además de la necesidad de derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local”.

“Los ayuntamientos son los que más han cumplido con los criterios de déficit”, finalizó Martín, “los que incumplen sistemáticamente son el Gobierno de España, que luego exige a los Ayuntamientos, y algunas Comunidades Autónomas, particularmente las del PP, que posteriormente hacen discursos hipócritas”.

Ana Castaño añadió un dato “que ejemplifica lo que estamos hablando, el indicador entre la capacidad y la necesidad de financiación, cuánto vamos a ingresar para hacer frente a la previsión de gasto. El resultado es que se prevé un superávit de 19 millones de euros que no podremos dedicar al gasto social, porque tienen que ir al pago de la deuda, a pesar de que este Ayuntamiento no incumple el límite de deuda del 75%”. También recordó que el remanente de Servicios Sociales no se podrán dedicar a políticas sociales, “en parte por estas normas y en parte por la actuación ineficiente de los Servicios Sociales”.