Aurelio Martín | El municipalismo se encuentra hoy en una encrucijada en nuestro país. Mientras la legislación española relega a los municipios a meros gestores de servicios básicos a la población, una concepción regresiva en la que se ha profundizado en los años de Gobierno de Mariano Rajoy, dos procesos globales –la globalización y las crisis económicas- y uno europeo –el envejecimiento-, han convertido a nuestros ayuntamientos en la última y en muchos casos única barrera para luchar en el ámbito local contra los impactos negativos en la economía y el medio ambiente y contra las situaciones de emergencia social que se derivan de estos tres procesos: desempleo, desahucios, pobreza, exclusión social… y en definitiva un crecimiento de las desigualdades. Los intensos cambios en las relaciones entre economía y territorio en Europa, consecuencia de los fenómenos de integración económica y tecnológica, y la ausencia de una respuesta política por parte de los Estados, han obligado a los municipios a asumir una responsabilidad que, en principio, no les correspondía. En España, a la vez que esto sucedía, las entidades locales asistían al fin de su autonomía y a su intervención financiera –y por lo tanto política- por parte del Gobierno central.

Ciudades en Europa como Londres o Milán, y en menor medida en España, como Barcelona o Vigo, han desarrollado durante los últimos años diferentes iniciativas con una filosofía común: generar redes de ciudades que, a través de procesos de economías de escala, puedan hacer frente a sus nuevas responsabilidades desde posiciones más ventajosas. La creación de estructuras metropolitanas, que se corresponden con las aglomeraciones urbanas reales y no con otras consideraciones, ha permitido a estas ciudades dar respuesta de una forma sostenible a los nuevos retos de los municipios sin que ello haya supuesto una pérdida de identidad y autonomía de las entidades locales. Se trata, en definitiva, de generar sinergias a la hora de gestionar servicios públicos, ordenar el territorio y generar polos de atracción de recursos y de financiación orientados hacia estos modelos de integración.

Asturias no es ajena a estos retos y desde hace dos años tampoco a estos debates. La propuesta de creación del Área Metropolitana “Área Central de Asturias” por parte del Gobierno de Javier Fernández en marzo de 2016, cuya presentación respondía a un compromiso adquirido con Izquierda Unida en el acuerdo de investidura, fue rechazada por una amplia mayoría de los municipios en su intento de construir un ente supramunicipal sin contar con ellos. La propuesta de IU, presentada en el mes de julio como alternativa a la del Gobierno, sin embargo, situaba la necesidad de que la apuesta por un modelo metropolitano para el Área Central de Asturias se articulase desde el protagonismo y el liderazgo de los concejos y sus ayuntamientos. Y es precisamente esta idea la que ha permitido generar un amplio consenso político y social, primero en Gijón/Xixón –como se constató en el acuerdo del Consejo Social de la Ciudad- y después en otros concejos, en torno al debate metropolitano. La experiencia de los ayuntamientos en construir redes de cooperación y coordinación debe aprovecharse en el diseño y en el desarrollo del área metropolitana asturiana. Incorporar conocimientos y estrategias aprendidas en otras experiencias de colaboración entre ayuntamientos, como la de Gijón/Xixón con Santander y Bilbao en materia de cultura, la de las diferentes mancomunidades o la más reciente entre los ayuntamientos asturianos en materia de turismo de congresos, debe ser la base a la hora de diseñar nuevas sinergias que permitan gestionar servicios y territorio de una manera más eficiente y más eficaz.

El área metropolitana es ya una realidad en Asturias que aglutina al 85% de la población y concentra el 90% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. El objetivo no es otro, por tanto, que dar cobertura jurídica y normativa a una realidad que ya existe, y crear instrumentos de coordinación que permitan gestionar de una manera cooperativa políticas y servicios que son comunes al conjunto de los concejos. No se trata, en ningún caso, de una pérdida de competencias por parte de los ayuntamientos, sino de ejercer las que voluntariamente decidan de una manera cooperativa y coordinada en materias clave como pueden ser, en un primer momento, la movilidad, la vigilancia ambiental, la gestión de proyectos europeos o la administración electrónica, cooperando en experiencias concretas antes de dar pasos más ambiciosos.  Las estrategias metropolitanas deben ser también aprovechadas para diversificar la economía asturiana e invertir la tendencia de pérdida de población y el declive demográfico en la comunidad.

A diferencia de hace dos años, hoy existe entre los principales concejos, las fuerzas políticas y los agentes sociales una coincidencia en torno a los objetivos y el liderazgo municipal en la configuración del área metropolitana. Es el momento, por ello, de aprovechar estas sinergias y avanzar.