IU pide que el Ayuntamiento habilite personal y medios apropiados para certificar posibles emisiones ilícitas en caso de incidencia
- Rosa Libertad Bueno: “ya es hora de que la alcaldesa deje de echar balones fuera y ponga al Ayuntamiento al frente de la lucha contra la contaminación”
La concejala de IU Rosa Libertad Bueno ha registrado una iniciativa ante el próximo Pleno municipal para exigir al Ayuntamiento que “habilite los medios personales y técnicos oportunos” de manera que la administración local pueda certificar incumplimientos de la normativa ambiental.
El objetivo de esta solicitud, tal como explica la edil de la coalición, es forzar a la alcaldesa a hacer cumplir la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, que en su artículo 72 prevé que sea la Administración Municipal la encargada de realizar “con el personal municipal competente mediante visitas a los focos de emisión, estando obligados los titulares de los mismos a permitir el empleo de dispositivos medidores y la realización de cuantas operaciones sean precisas para el cumplimiento de aquella finalidad”. Asimismo, establece que “si se aprecia el incumplimiento de la normativa aplicable, se incoará expediente que se tramitará conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y a la legislación ambiental aplicable”.
Para Bueno “ya es hora de que la alcaldesa deje de echar balones fuera y ponga al Ayuntamiento al frente de la lucha contra la contaminación”. A su entender, el principal problema con la contaminación es “la impunidad de envenenar el aire”. Pero si hay impunidad, sostienen desde IU, es porque a día de hoy no hay ningún sujeto que haya asumido la responsabilidad de certificar la existencia de emisiones contaminantes ilícitas. “Lo que le pedimos a la alcaldesa es que el Ayuntamiento asuma esa responsabilidad”, dice Bueno. De esta manera, cuando se detecte alguna anomalía habrá personal municipal específicamente formado y con los medios técnicos apropiados para documentar esas emisiones y remitir sus informes a la autoridad política o jurídica competente.
“Además de aplicar su propia Ordenanza, el Ayuntamiento debe ser capaz de proporcionar a las autoridades autonómicas o a los tribunales, en su caso, material probatorio que certifique el incumplimiento de la normativa. Sólo así podremos empezar a atajar en su origen el problema de la contaminación”, sentencia.












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