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IU y PCA denuncian las mordazas impuestas por la derecha
- El eurodiputado de IU Javier Couso acusa al Partido Popular de endurecer las penas sobre la protesta social para atajar el descontento ciudadano con sus políticas.
El Partido Comunista de Asturias e Izquierda Xunida de Xixón han organizado esta tarde un acto público para denunciar el aumento de la represión que la ciudadanía está sufriendo en múltiples formas sobre sus derechos políticos. Este acto ha contado con la presencia del eurodiputado de IU Javier Couso, que considera que el PP está llevando a cabo “una auténtica contrarreforma” democrática, con medidas como la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal o la modificación de las competencias en materia de jurisdicción universal.
En una rueda de prensa previa al acto, Couso ha señalado que estas políticas “atacan los derechos fundamentales”, hasta el punto que considera que algunas de estas reformas pueden ser inconstitucionales por restringir derechos como el de manifestación, de reunión o de huelga.
Al mismo tiempo, lamenta Couso, “asistimos a una privatización del acceso a la justicia”, donde se está generando, a su entender, “una justicia para ricos y otra para pobres”. En el mismo contexto de aumento de las actitudes represivas enmarca Couso la recuperación de la cadena perpetua, “aunque la llamen prisión permanente revisable”.
Para el eurodiputado de la coalición “el legislador, al no aceptar el descontento con políticas públicas que no están resolviendo los problemas de la población en materias como trabajo, educación, salud o vivienda, opta por endurecer las penas sobre la protesta social”.
El Secretario político del Partido Comunista de Gijón, José Enrique Fernández, ha recordado que este año se cumple el 38 aniversario de la legalización del Partido Comunista en Asturias. A su juicio la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal son “reformas de los herederos del régimen franquista que una vez más quieren quitarnos la voz y la capacidad de opinar contra todas aquellas medidas que están empobreciendo a la población”.
Ana Castaño, número dos de la candidatura de IU al Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha recordado además que otras administraciones están mostrando ya “derivas autoritarias” en nuestra ciudad. En este sentido ha recordado la ordenanza de convivencia “que pretende criminalizar, sancionar y coartar la presencia de determinadas sensibilidades en la vida de la ciudad”. También ha criticado la actuación policial en actos reivindicativos como la protesta propalestina del pasado verano o las detenciones de piquetes informativos en la última huelga general.
PSOE e IU sostienen que Moriyón desoye al Pleno y vulnera la legalidad urbanística
La Nueva España 06/02/15 – R. Valle
- Argüelles y Santianes justifican “la excepcionalidad” de denunciar a la Alcaldesa ante la Fiscalía por delitos de prevaricación y desobediencia
Una medida extrema tomada tras agotarse todas las opciones administrativas y políticas y que tiene como objetivos defender la legitimad de los acuerdos de Pleno y evitar que se vulnere la legalidad urbanística en la ciudad. Estos son los argumentos que utilizaron ayer los portavoces municipales de PSOE e IU, Santiago Martínez Argüelles y Francisco Santianes, para justificar su decisión de denunciar ante la Fiscalía de Gijón a la alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, como autora de unos supuestos delitos de prevaricación y desobediencia tipificados en el Código Penal.
Martínez Argüelles y Santianes firmaron esa denuncia contra Carmen Moriyón por no haber cumplido con la decisión plenaria tomada el 14 de noviembre del año pasado de interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para revocar la aprobación, por silencio administrativo, del estudio de detalle para la creación de un espacio libre de acceso al camino de Monteviento. Se trataría de un vial que favorece el desarrollo de seis parcelas edificables en esa zona de Somió y cuya aprobación fue rechazada en dos ocasiones en el Pleno -febrero y julio del año pasado- con los votos de la oposición, que consideraba en que el procedimiento no seguía la normativa vigente. Sólo los concejales de Foro votaron a favor en todos los casos.
A pesar de ese rechazo del Pleno, la propiedad consiguió la aprobación definitiva por silencio administrativo positivo -opción que la propia edil de Urbanismo, Lucía García Serrano, ya había adelantado en un debate plenario que podría poducirse- y la certificación se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 15 de octubre. Es esa aprobación definitiva la que el Pleno, con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención del PP, da orden de recurrir en vía judicial. El plazo para presentar el recurso terminó el 16 de diciembre del año pasado sin que se hubiera llevado a cabo. La ejecución de los acuerdos plenarios le corresponde a la Alcaldesa. Por eso es a ella a quien se denuncia ante la Fiscalía.
“Es la primera vez que se denuncia en vía penal y eso marca una diferencia sustancial. La vía es excepcional porque excepcionales son las circunstancias”, sentenció el portavoz municipal socialista, Santiago Martínez Argüelles, tras recordar los dos acuerdos plenarios contrarios al estudio de detalle y la existencia de un informe de la vicesecretaria general clarificando que el acuerdo tomado en el Pleno de noviembre de ir a los tribunales debía cumplirse. “Y el colofón es que el caso tiene que ver con materia urbanística. La Alcaldesa está permitiendo que se vulnere la legalidad urbanística, detrás de la cual hay dinero”, concretó Martínez Argüelles.
Nadie quiere poner negro sobre blanco el concepto de trato de favor de Foro a esos propietarios de Somió pero se exigen explicaciones sobre “el empecinamiento del equipo de gobierno en aprobar este estudio de detalle”. Para Santianes “se está incumpliendo la legalidad urbanística y en casos de estos es obvio que se busca algún beneficio a alguna persona privada en perjuicio de otras”. “Empecinamiento” de Foro es también la reflexión que se hace desde el Grupo Municipal Popular, que se muestra contrario al desarrollo del expediente urbanístico pero ya evitó en su momento apoyar la judicialización del caso.
Y más allá de la problemática urbanística está la reincidencia de Moriyón y su equipo en no ejecutar decisiones de Pleno que vayan contra sus criterios políticos. “La alcaldesa, reiteradamente, hace caso omiso al Pleno. Se le olvida que gobierna en minoría. No nos gusta llegar a esta situación pero no vamos a dejar de hacer lo que consideramos correcto porque alguien crea que esto es un cortijo privado”, indicó el portavoz de IU recordando, por ejemplo, la situación de paralización en el tiempo de la ordenanza de fachadas. Santianes le dejó claro a Carmen Moriyón que esperan de ella el mismo respeto a las decisiones que toma el Pleno con los votos de la oposición “que nosotros tuvimos con el acuerdo plenario que la hizo a ella Alcaldesa pese a estar en minoría”.
La decisión de PSOE e IU de denunciar se tomó, además, tras haber preguntado dos veces al gobierno, sin lograr respuesta, sobre el recurso judicial y no haber podido acceder al expediente, cuyo ultimo movimiento es un informe de la asesoría jurídica presentado fuera del plazo.
Carmen Moriyón, acusada ante la Fiscalía de delitos de prevaricación y desobediencia
La Nueva España 05/02/15 – R. Valle
- Los líderes del PSOE e IU firman la denuncia tras incumplir la Alcaldesa la orden que se dio en el Pleno de recurrir una actuación urbanística
La alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, ha sido acusada ante la Fiscalía de Gijón de un supuesto delito de prevaricación por haber incumplido un mandato plenario. Los portavoces de los grupos municipales del PSOE e IU, Santiago Martínez Arguelles y Francisco Santianes, firman esta denuncia que tiene su origen en la sesión plenaria del 14 de noviembre del año pasado. El Pleno decidió entonces, por mayoría, “interponer un recurso contencioso administrativo frente al acuerdo de aprobación definitiva por silencio administrativo del estudio de detalle para creación de espacio libre privado de acceso a camino de Monteviento”. El plazo para presentar el recurso judicial terminaba el 16 de diciembre de 2014. A día de hoy no se ha interpuesto dicho recurso. Una decisión que, para los firmantes de la denuncia ante la Fiscalía, impide que el Ayuntamiento de Gijón defienda la legalidad urbanística y permite la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Los denunciantes consideran que la actuación de la regidora forista pudiera presuntamente constituir un delito de prevaricación, según las condiciones fijadas en el artículo 404 del Código Penal, y de otro más específico de desobediencia, que viene tipificado en el artículo 410 de la misma normativa. Entienden los denunciantes que se ha desobedecido un acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, que se ha producido a sabiendas un ejercicio de la función pública arbitraria y contraria a derecho y que la responsable directa es la alcaldesa Carmen Moriyón.
La denuncia ante la Fiscalía hace referencia al acuerdo plenario del 14 de noviembre del año pasado pero la polémica sobre el “caso Monteviento” lleva meses entrando y saliendo del salón de plenos municipal. Los tres partidos de la oposición -PSOE, PP e IU- votaron el 14 de febrero del año pasado contra la propuesta de aprobación de este estudio de detalle, que favorece la generación de seis parcelas edificables integradas en un jardín catalogado de la finca de unos particulares en Somió, al entender que no cumplía claramente con la normativa vigente. Foro se quedó solo defendiendo la legalidad de la propuesta urbanística y la propia edil de Urbanismo, Lucía García Serrano, adelantó en ese debate plenario que alertaría a los propietarios de la opción de obtener la aprobación definitiva por aplicación de silencio administrativo positivo. Foro defiende que el proyecto urbanístico que promueve la propiedad en Somió cumple la normativa, tiene el aval de informes favorables de los técnicos y ha seguido un procedimiento reglado que no se puede detener desde una decisión política de los concejales.
A ese silencio administrativo positivo recurrió la propiedad, que acabó publicitando la certificación acreditativa en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 15 de octubre. Aunque antes, en el mes de julio, el tema había vuelto al Pleno a propuesta del PSOE para que se ratificase la negativa a dar de paso este procedimiento urbanístico. El gobierno forista mantenía que en febrero no se había tomado acuerdo alguno sobre la propuesta debatida. Foro volvió a quedarse solo en la defensa de ese estudio de detalle ya que PSOE e IU votaron en contra y el PP se abstuvo.
Pero fue la publicación en el BOPA la que llevó a PSOE e IU a incluir el “caso Monteviento” en el orden del día del 14 de noviembre. La propuesta, y así se decidió por mayoría, era recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias esa aprobación al ir en contra de las denegaciones expresas del Pleno y encomendar la defensa y representación municipal de ese recurso a la asesoría jurídica para que lo interpusiese en el plazo marcado por la ley. Un mandato que no ha sido ejecutado y que le cuesta ahora a Carmen Moriyón una denuncia por posibles delitos de prevaricación y desobediencia.
