El Comercio 22/03/14 – Marco Menéndez

Las entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la dependencia se enfrentan a un negro futuro, ya que tienen falta de financiación y temen que, a partir de 2016, empresas del sector privado puedan comenzar a prestar estos servicios. Representantes de las cuatro entidades gijonesas afectadas -Una ciudad para todos, APTA, Sanatorio Marítimo y Siloé- se reunieron ayer con el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, y los concejales Jorge Espina y Libertad González, con el objetivo de recabar su apoyo para paliar su situación. El caso es que, desde que el año pasado la Administración les obligara a firmar un acuerdo marco para prestar estos servicios, vienen sufriendo un importante quebranto económico que les hace temer por su futuro, según explicó la portavoz del colectivo, Asunción García Suárez.

De momento, estas entidades han recabado el respaldo de los diferentes grupos de la Junta General del Principado y de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, pero IU pretende ir más allá. Según explicó Gaspar Llamazares, han presentado una serie de preguntas al Gobierno de la nación que pretenden transformar en una iniciativa parlamentaria «para estimular al Ejecutivo a que modifique la Ley de Contratos del Estado». El objetivo es que estas entidades sin ánimo de lucro puedan seguir prestando estos servicios y que, cuanto termine la vigencia del convenio marco, en 2016, no se permita el acceso de empresas privadas.

Los siete colectivos asturianos que pertenecen a una plataforma reivindicativa del sector gestionan en la región un total de 660 plazas ocupacionales y otras 339 de alojamiento.