El Portavoz Municipal de Izquierda Unida Xixón, Aurelio Martín, declaró ayer en rueda de prensa que a su juicio la Ordenanza Ciudadana es injusta e inoperante, y que debe ser cambiada. Lo hizo flanqueado de tres ciudadanos que en su momento fueron multados en aplicación de dicha ordenanza y cuyas multas (además de las de varios ciudadanos más que no pudieron estar en la rueda de prensa) fueron levantadas una tras otra por los juzgados, merced a la labor de la abogada Libertad González Benavides.

“Creemos que la ordenanza lo que hace es privatizar el espacio público, que es la calle, y criminalizar a los jóvenes”, declaró Aurelio Martín, que después abundó en que “con esta ordenanza le quiere quitar contenido a la calle, quitarle capacidad de socialización”. Al respecto del levantamiento de las sanciones el portavoz de Izquierda Unida Xixón dijo que “no solo es una sentencia favorable a estos ciudadanos y ciudadanas, es desfavorable a la ordenanza de este ayuntamiento” que añadió que “a las críticas ciudadanas se unen las decisiones judiciales que invalidan una ordenanza que nunca debió haber salido a la luz”.

Sobre el futuro de la polémica Ordenanza, el edil de Izquierda Unida dejó claro que “esto tiene que servir para que haya una nueva ordenanza ciudadana en esta ciudad, fruto del consenso, que sea del interés de los ciudadanos”, y abundó en aspectos implícitos en la actual regulación: “No creemos que la calle sea únicamente lugar para el negocio privado, debe ser también para los ciudadanos”. “Somos conscientes de que hay problemas de convivencia, pero estos deben resolverse a través de la educación y la prevención, no del castigo y en la arbitrariedad” finalizó el portavoz municipal.

La Ordenanza Ciudadana, a caballo entre la privatización de la calle y la represión.

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana fue uno de los grandes retos que se autoplanteó el Gobierno Municipal de Foro desde el inicio de su primer mandato, en 2011. Los primeros datos que se conocieron empezaron a causar preocupación entre entidades juveniles y sectores sociales, que vieron la ordenanza como un ataque directo a los jóvenes y al ocio público en la calle, poniendo como mascarón de proa la llamada “lucha contra el botellón”.

En ningún momento de la tramitación y desarrollo de la Ordenanza se pensó en implementar medidas educativas que mejorasen la convivencia. El gobierno municipal, demostrando que su sitio indiscutible es la derecha, se limitó a proponer el castigo como única solución, sin dejar la posibilidad de medidas no punitivas de concienciación que resultarían más aptas en una ciudadanía moderna.

La aplicación definitiva de la Ordenanza tuvo una imagen desoladora para esta ciudad, cuando como medida disuasoria en las primeras semanas de aplicación la Policía Local desarrolló un despliegue que convirtió Cimadevilla en un estado de sitio. La imagen de la vergüenza fue el vallado de las escaleras de la Plaza Arturo Arias, que produjo enorme rechazo en la ciudadanía. De las multas que se impusieron durante el desarrollo de una concentración en contra de estos hechos (muchas de ellas a personas que ni siquiera participaron en ella) tenemos el resultado a la vista: han sido levantadas por los jueces.