• La proposición pretende salvaguardar las condiciones de trabajo en las empresas adjudicatarias frente a la desprotección introducida por la reforma laboral de 2012

El grupo municipal de Izquierda Unida defenderá en el Pleno del viernes una proposición de acuerdo para mejorar la garantía de protección de los derechos laborales en  las contrataciones públicas que dependan del Ayuntamiento. El objetivo de la proposición, tal como explica la concejala Cristina Tuya, es evitar que la competencia entre empresas que concurren a licitaciones públicas se produzca a base de exprimir a las plantillas. “No puede ser que los concursos públicos beneficien a aquellas empresas cuyas ganancias provienen fundamentalmente de reducir los derechos de sus trabajadoras y trabajadores”, declara.

Por otra parte, desde hace unos años “se da la paradoja de que las empresas adjudicatarias pueden modificar las condiciones salariales de sus empleados, mientras continúan cobrando de la administración pública el mismo precio por la prestación del servicio”, dice Tuya.

Según explica la edil de la coalición, la causa radica en que la reforma laboral de 2012 ha generado la posibilidad de modificar las condiciones laborales, en particular las salariales, de los trabajadores y trabajadoras afectadas por la finalización de la “ultraactividad” de los Convenios, y esta medida puede afectar a quienes prestan servicios en actividades contratadas por el Ayuntamiento, mientras que esas empresas siguen percibiendo los precios fijados en la adjudicación del servicio.

Por ello, el grupo municipal de IU ha registrado una proposición que consta de tres apartados:

–      Establecimiento de una condición especial de ejecución tendente a mantener las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta.

–      Imposición de  una penalidad, en caso de no respetarse esta obligación, cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que haya minorado el salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducción se haya operado en mayor medida hasta el límite del 10 %. De superar la reducción salario/hora el 10%, o en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato incurriendo el contratista en causa de resolución.

–      El incumplimiento de estas cláusulas mencionadas podrá considerarse como una de las causas, junto a otras que se establezcan en los pliegos, por las cuales el Ayuntamiento decida no prorrogar las anualidades previstas en los contratos.

Cláusulas similares se han implantado ya en otros Ayuntamientos de España, en ciudades con una población igual o superior a la nuestra, a instancias de Izquierda Unida.