[Intervención de Ana Castaño Rey en la Comisión de Igualdad en el debate de los Presupuestos Generales del Estado]

Con la presentación y debate del proyecto de presupuestos estamos ante una enorme y costosa operación de marketing electoral.

Una de las ideas en el marco de esa campaña que se ha repetido de manera machacona es la de que el proyecto de presupuesto que se presenta tiene un marcado de carácter social.

Pues bien, estamos ante el presupuesto de un ministerio de innegable proyección social, las políticas que se impulsan desde el MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD condicionan, directa o indirectamente, la vida de millones de personas.

En un repaso rápido a los números que se presentan se desmontan rápidamente el argumento del carácter social de este presupuesto.

Así, en términos generales, vemos como este presupuesto es inferior en aproximadamente en un 20% al del año 2011. Por cada 100€ que se destinaban a sanidad, servicios sociales o políticas de igualdad en el año 2011 se dedican ahora (cinco años después e n un contexto de profunda crisis económica y social) tan solo 80.

No estamos pues ante un presupuesto social, Acaso podemos hablar de presupuesto social, mientras se mantiene el repago farmacéutico, se limita la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular, cuando se presentan  unos números que no garantizan una mínima labor de coordinación sanitaria, que no permitirán desarrollar estrategias o planes de salud y mucho menos establecer mecanismos de equidad territorial (fondo de cohesión), en definitiva no se puede hablar de presupuesto social mientras  se desmantela  la sanidad universal. Pura propaganda

¿No es una  broma cruel o una muestra de refinado cinismo calificar como social un presupuesto que da finalizado, por la vía de los hechos, el sistema de atención a la dependencia?  Se incrementan, nos dirán,  en 75 millones el gasto en políticas de atención a la dependencia, pero el problema es que durante esta legislatura se ha recortado 1.460 millones. Que prevé una escasísima dotación para el Plan Concertado, a través del cual se financia la red básica de servicios sociales. Nada de recuperar la financiación para servicio de teleasistencia municipal.

Evidentemente tampoco podemos compartir los créditos que  se prevé  en materia de igualdad y contra la violencia de género nos parecen claramente insuficientes para abordar un problema cuya cara más trágica se ha puesto de manifiesto de manera brutal en este último verano. Si a esto unimos otras medidas como el nuevo aplazamiento de la ampliación del  permiso de paternidad, vemos como en un momento en que la desigualdad entre hombres y mujeres se incrementa y en el que por tanto hubiera sido preciso un mayor esfuerzo para atajar este problema se nos presenta un presupuesto que en el apartado igualdad y lucha contra violencia de género apenas si representa el 0,01 del total del presupuesto.

La dotación prevista para consumo nos parece también escasa, al igual que la destinada a políticas de juventud. Jóvenes especialmente golpeados por la crisis, obligados a emigrar o a engrosar las listas del desempleo.

La Izquierda Plural hemos presentado enmienda a la totalidad  de la sección, así como enmiendas parciales que damos por defendidas, si bien telegráficamente queremos señalar:

• Recuperación Fondo de cohesión sanitaria
• Fondo estatal de lucha contra la pobreza
• Fondo estatal de lucha contra la pobreza energética
• Implantación de una renta mínima garantizada
• Incremento significativo en créditos previstos para: a) Atención Dependencia; b) Lucha contra la violencia de género