Aurelio Martín | El Comercio El pasado martes celebramos en Gijón el Debate sobre el Estado del Concejo, y más allá del balance que desde cada grupo municipal podamos hacer, lo cierto es que el ruido volvió a ganar a la política. El resultado de un Pleno de casi cuatro horas de duración podría resumirse en que hoy el Gobierno es más débil que ayer, incapaz de liderar un proyecto de futuro para la ciudad, y en que la oposición continúa instalada en una estrategia que tiene más que ver con las tácticas partidistas que con plantear soluciones y alternativas a los retos y las necesidades de Gijón y los gijoneses. Quizá el guión de un debate como el de ayer, no lo sé, estuviera condenado a ser ese, pero después del ruido, hagamos política.

Gijón, como Asturias, necesita un presupuesto para 2018. Y ese debe ser el asunto central que nos ocupe, principalmente al Gobierno pero también a la oposición, durante las próximas semanas. En primer lugar, porque las prórrogas presupuestarias significan recortes en el gasto público en un contexto en que la pobreza y la precariedad se intensifican en nuestra ciudad. El Gobierno no puede volver a cometer el mismo error que cometió en el debate de las Ordenanzas Fiscales y los precios públicos, cuando su incapacidad o su falta de voluntad para negociar comprometieron la financiación disponible para el próximo año. A la renuncia irresponsable del Gobierno, y de algún grupo de la oposición, a incrementar los ingresos para 2018 no pueden sumarse los efectos de una prórroga presupuestaria. Porque a pesar de que la Alcaldesa se pregunte si el Ayuntamiento necesita más ingresos, lo cierto es que sí los necesita.

En segundo lugar, Gijón necesita un presupuesto porque es el instrumento más eficaz para poder desarrollar políticas que mejoren los servicios y las prestaciones públicas y que contribuyan dinamizar la economía local. Que exista presupuesto no es garantía suficiente de que todos los recursos disponibles se ponen al servicio de las personas que lo necesitan, pero que no lo haya si es garantía de lo contrario.

Por eso desde Izquierda Unida apostamos porque Gijón tenga presupuesto en 2018. Pero no, evidentemente, cualquier presupuesto. Nuestra ciudad debe contar el año que viene con los programas acordados con los agentes sociales en materia de promoción económica, formación y empleo; también con el Plan de Emergencia Social – Renta Social Municipal. Políticas como el 0,7%, la recuperación de la Memoria Democrática, la inversión ligada a la rehabilitación de viviendas y barrios degradados que acordamos en el PGO, la promoción del acceso a la vivienda orientada a fórmulas de alquiler social, o medidas específicas dirigidas a dar respuesta a las necesidades de la juventud gijonesa deben ser prioridades del próximo presupuesto. Como también deben serlo los programas sociales de atención a las personas mayores, las inversiones de mejora de los equipamientos educativos, culturales y deportivos, la construcción de las escuelas de educación infantil pendientes o el diseño del nuevo modelo de gestión de residuos.

Para todo esto necesitaba más ingresos el Ayuntamiento en el momento que debatimos las Ordenanzas Fiscales. Y para todo esto necesita ahora que en 2018 haya presupuesto. Abandonemos el ruido y hagamos política. El Gobierno, el primero.

[Publicado en el diario El Comercio el 28.10.2017]