Los últimos datos oficiales publicados sobre la financiación de la educación dejan clara la deriva privatizadora del sistema. Y no hace falta irse a buscar los datos de administraciones gobernadas por el PP. El gobierno de Asturias ha actuado en favor del modelo privatizador de la enseñanza con tanto ímpetu como cualquier gobierno de derechas. Si nos fijamos en el gasto público total de 2016 para la educación asturiana, los datos indican que está un 16,5% por debajo de la inversión de 2008 (la históricamente más alta). Podrían aducir desde el ejecutivo autonómico del PSOE que el responsable de que esto haya sido así es el gobierno central y su forma de abordar la crisis económica, imponiendo recortes presupuestarios. Pero entonces… ¿Ocurrirá eso con todas las partidas de la Consejería de Educación? Parece que no, puesto que el gasto dedicado a conciertos educativos con colegios privados bate todos los récords en 2016, con un 6,3% de incremento en esos 8 años de crisis económica. Que el reparto de recursos haya sido este, privilegiando a la enseñanza concertada y extendiéndola mientras se recorta en la pública, es, evidentemente, una decisión política.

La defensa de la educación pública es incompatible con el mantenimiento y extensión de la enseñanza concertada. Porque hoy, los impuestos que deberían servir para corregir desigualdades acaban permitiendo que, aprovechando el afán protector de los progenitores, muchos puedan separar a sus hijos de otros niños de clase más baja por un módico precio: el precio de esos copagos que irregularmente cobran los colegios concertados, pero que les basta para que no entren niños de las familias más desfavorecidas. De este modo, estamos subvencionando, con dinero de todos, un modelo segregador que acabará dejando las escuelas públicas como guetos o como una red subsidiaria destinada a los pueblos y lugares donde la concertada no vea negocio. No estamos tan lejos de este escenario, en España la privada concertada educa a casi el 30% de los alumnos, lo que representa el triple de la media europea y nos deja como subcampeones del continente en privatización de la enseñanza, sólo por detrás de Bélgica.

La búsqueda de justicia social e igualdad de oportunidades sólo puede tener un camino desde la actuación política: el de la progresiva reducción de conciertos educativos con instituciones privadas y la defensa inequívoca de la enseñanza de todos y para todos. En cuanto a los padres y madres, debemos animarlos a que matriculen a sus hijos en la escuela integradora, inclusiva y compensadora de desigualdades, la que llega a todos en todos los rincones de Asturias, la que selecciona a los mejores profesionales, sin realizar criba ideológica alguna: la pública. Todos, padres, madres, alumnado y profesionales de la educación están llamados este 8 de mayo, a las 18:00, en la Plaza de España de Oviedo, a manifestarse para que se revierta la dinámica privatizadora de todos estos años.