• La sentencia señala que los concejales de la oposición vieron vulnerado su derecho de participación política

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha ordenado reanudar el Pleno extraordinario de julio de 2013, que la alcaldesa dio por cerrado cuando sólo habían transcurrido un minuto y 44 segundos desde su inicio. Moriyón había retirado del orden del día el único punto previsto, que consistía en la propuesta de aprobación de una nueva ordenanza sobre ayudas a fachadas impulsada por el PSOE y que contaba con el apoyo de PP e IU. En su sentencia, derivada de un recurso presentado por el PSOE, el juez Jorge Rubiera considera que esta decisión «vulneró el derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española», por lo que obliga a retomar la sesión con la inclusión de ese punto en el orden del día. Ayer mismo la vicesecretaria Inmaculada Fernández, en cumplimiento de ese mandato judicial y por orden de la alcaldesa, convocaba a los concejales a reanudar el polémico Pleno el lunes a las diez de la mañana, con la propuesta de aprobación de la ordenanza de fachadas como único asunto a tratar.

En agosto de 2012, el grupo municipal socialista presentó una proposición normativa para regular a través de una ordenanza las bases para la concesión de ayudas para la rehabilitación de fachadas, supresión de barreras arquitectónicas y recuperación de barrios degradados. Su propuesta recibió informes jurídicos, técnicos y económicos favorables de los servicios municipales y en mayo de 2013 recibió el visto bueno de la comisión de Urbanismo, por lo que se dio traslado del texto al Pleno. Sin embargo en la junta de portavoces celebrada el 11 de junio de 2013 Moriyón rechazó su inclusión en el orden del día, al entender que la propuesta invadía competencias de la Alcaldía y no se ajustaba a la legalidad. PSOE e IU solicitaron entonces la celebración de un Pleno extraordinario que incluyera esa propuesta de ordenanza como único asunto de debate.

El 21 de junio se rechazó mediante resolución de Alcaldía la celebración de ese Pleno, que no obstante quedó convocado de forma automática para el 17 de julio, en base al artículo 46.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Al inicio de la sesión la alcaldesa anunció la retirada del orden del día de la propuesta de aprobación de la ordenanza y, al no haber más asuntos que tratar, dio por cerrado el Pleno ante el estupor de la oposición, que intentó promover una moción de censura.

Los concejales socialistas Santiago Martínez Argüelles, Begoña Fernández, Francisco Blanco, Esperanza Fernández y Javier Barro recurrieron esta decisión ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, al entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. El Ayuntamiento, que consta como demandado, alegó que la resolución de Alcaldía en la que se denegaba la celebración del Pleno no había sido recurrida. Sin embargo el juez señala que la vulneración de derechos a la que hace referencia el recurso del PSOE no es por esa oposición a convocar el Pleno, sino por haber levantado la sesión una vez que fue convocada de forma automática. «Se dejó sin contenido la garantía que ese artículo supone para los derechos de los concejales», señala la sentencia. Esto es, que pese al rechazo expreso de la Alcaldía, la ley garantiza la convocatoria automática del Pleno extraordinario.

«Que pida disculpas»

En sus alegaciones el Ayuntamiento también planteaba que la solicitud de los concejales debía ir referida «a un Pleno lícito, es decir, que se mueva en el marco de sus competencias», toda vez que entiende que la fijación de las bases para las ayudas a fachadas es responsabilidad exclusiva de la junta de gobierno. El juez considera, no obstante, que los concejales que presentaron la propuesta de ordenanza sí están legitimados para hacerlo, por lo que la convocatoria del Pleno cumplía los requisitos legales.

La concejala socialista Begoña Fernández consideró ayer que la alcaldesa «tiene que pedir disculpas a la Corporación y a la secretaria municipal», y relacionó la destitución de Dora Alonso con la presencia de su firma en la convocatoria automática del polémico Pleno extraordinario. «Es evidente que el cese respondió a que la secretaria no quiso hacer una interpretación de la ley acorde con los deseos del gobierno, pero ahora esta sentencia indica su escrupuloso respeto a la legalidad». Fernández recordó que el Pleno ya reclamó por mayoría la restitución de Alonso en su puesto.

La edil del PSOE recordó que la propuesta de regular a través de una ordenanza las bases para la concesión de este tipo de ayudas «tiene su origen en el intento del gobierno municipal de conceder a dedo a determinadas empresas subvenciones millonarias para la rehabilitación de fachadas». Puso como ejemplo los cuatro millones de euros correspondientes a los trabajos de rehabilitación integral en las viviendas de la barriada de Francisco Eiriz, en Jove. En opinión de Begoña Fernández, «Foro está contaminado por los comportamientos de su líder, el señor Álvarez-Cascos, un dirigente al que vemos que la policía le reprocha comportamientos muy graves en la administración pública». La concejala instó finalmente a la alcaldesa a «restablecer la legalidad y la normalidad en el funcionamiento del Ayuntamiento de Gijón».

Por su parte el portavoz del grupo municipal popular, Manuel Pecharromán, destacó el consenso alcanzando entre los grupos de la oposición para promover esa ordenanza «ante las denuncias de que había oscurantismo, opacidad y sospechas de trato de favor» y advirtió a Foro de que «no puede bloquear las iniciativas que sabe que va a perder».