Ana Castaño | La inclusión en el Presupuesto del Ayuntamiento de Xixón para el año 2017 del Plan de Emergencia Social-Renta Social ha generado toda suerte de reacciones y comentarios. Podría entenderse que el Partido Popular, empeñado en convencernos de que España va bien, a pesar de que este punto haya llegado a ser cuestionado hasta por los informes de una organización tan poco sospechosa de radicalismo como Cáritas, no comparta una medida que pone de manifiesto que estamos muy lejos de la publicitada recuperación económica. Pero en cambio, las insistentes y pertinaces críticas vertidas desde otros grupos de la Corporación son menos entendibles, a no ser que, lamentablemente, se expliquen en clave de una estrecha manera de entender la política, en la que las propuestas no son valoradas por su contenido sino por su procedencia, y en la que las posiciones se sostienen en función de la hipotética obtención de réditos electorales.

El Plan de Emergencia Social-Renta Social es una medida destinada a las personas y a las familias con escasos recursos para que puedan abordar gastos concretos durante el año 2017, y si bien no se establece como derecho porque el marco presupuestario y legislativo que rigen la actividad municipal no lo permiten (nadie puede negar a Izquierda Unida, impulsora del Salario Social en Asturias, su compromiso en la extensión de los derechos sociales), no es menos cierto que puede implicar, si se desarrolla adecuadamente, cambios nada desdeñables en la manera de abordar la atención a las necesidades de la población en nuestro concejo por cuatro razones fundamentales:

La primera, porque las personas serán atendidas y obtendrán las ayudas directamente en la Administración Municipal, lo que modifica de manera radical el modelo de servicios sociales desarrollado por Foro, caracterizado por descargar el peso de la atención social casi en su totalidad en las entidades del Tercer Sector.

La segunda, porque para la obtención de las ayudas se deberán establecer criterios objetivables y de fácil comprobación, superando la actual dinámica marcada por una excesiva y costosa, tanto en términos sociales como contables, burocratización.

La tercera, porque conllevará la articulación de un procedimiento para que los gastos se realicen en el comercio de proximidad, lo que evidentemente resultará beneficioso para este sector. Estaremos por tanto ante un ejemplo de que cuando se articulan medidas sociales no debemos hablar de gasto sino de inversión.

Y la cuarta, por último, porque se separará la gestión de este Plan de la intervención social, lo que redundará en beneficio de la labor de las y los profesionales de lo social que podrán liberarse, al menos parcialmente, de tareas meramente burocráticas y dispondrán, por tanto, de más tiempo para trabajar con aquellas personas y familias que lo precisen.

No se nos escapa que es el Equipo de Gobierno el encargado de articular esta medida, y que este no se ha caracterizado por su eficacia, pero las dudas en relación con su capacidad para desarrollarla no pueden ser el argumento para rechazarla. Lo hemos dicho en diversas ocasiones: no vamos a instalarnos en la melancolía sobre lo que pudo ser y no ha sido. Vamos a jugar este partido y lo haremos en el terreno de juego que nos ha tocado, el de una oposición exigente y crítica, pero también constructiva, porque entendemos que es la obligación que tenemos con aquellas personas que han depositado su confianza en Izquierda Unida y con el conjunto de las vecinas y los vecinos de Xixón.