La denuncia ante la Fiscalía hace referencia al acuerdo plenario del 14 de noviembre del año pasado pero la polémica sobre el “caso Monteviento” lleva meses entrando y saliendo del salón de plenos municipal. Los tres parti­dos de la oposición -PSOE, PP e IU- votaron el 14 de febrero del año pasado contra la propuesta de aprobación de este estudio de detalle, que favorece la genera­ción de seis parcelas edificables integradas en un jardín cataloga­do de la finca de unos particulares en Somió, al entender que no cumplía claramente con la nor­mativa vigente. Foro se quedó so­lo defendiendo la legalidad de la propuesta urbanística y la propia edil de Urbanismo, Lucía García Serrano, adelantó en ese debate plenario que alertaría a los pro­pietarios de la opción de obtener la aprobación definitiva por apli­cación de silencio administrativo positivo. Foro defiende que el proyecto urbanístico que pro­mueve la propiedad en Somió cumple la normativa, tiene el aval de informes favorables de los téc­nicos y ha seguido un procedi­miento reglado que no se puede detener desde una decisión políti­ca de los concejales.

A ese silencio administrativo positivo recurrió la propiedad, que acabó publicitando la certifi­cación acreditativa en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 15 de octubre. Aun­que antes, en el mes de julio, el te­ma había vuelto al Pleno a pro­puesta del PSOE para que se rati­ficase la negativa a dar de paso este procedimiento urbanístico. El gobierno forista mantenía que en febrero no se había tomado acuerdo alguno sobre la propues­ta debatida. Foro volvió a quedar­se solo en la defensa de ese estu­dio de detalle ya que PSOE e IU votaron en contra y el PP se abs­tuvo.

Pero fue la publicación en el BOPA la que llevó a PSOE e IU a incluir el “caso Monteviento” en el orden del día del 14 de no­viembre. La propuesta, y así se decidió por mayoría, era recurrir ante el Tribunal Superior de Jus­ticia de Asturias esa aprobación al ir en contra de las denegacio­nes expresas del Pleno y enco­mendar la defensa y representa­ción municipal de ese recurso a la asesoría jurídica para que lo inter­pusiese en el plazo marcado por la ley. Un mandato que no ha si­do ejecutado y que le cuesta aho­ra a Carmen Moriyón una denun­cia por posibles delitos de preva­ricación y desobediencia.