La Nueva España 08/11/13 – R. Valle

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A partir del reconocimiento de que “es una mala noticia para Gijón”, Jorge Espina reclamaba desde las filas municipales de IU-Los Verdes la necesidad de, por un lado, recurrir esta sentencia ante instancias superiores y, por otro, exigir la continuidad de los trabajos de construcción “para que nadie tenga la tentación de paralizar la obra aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Piles por Gijón”. El primer mensaje iba destinado al gobierno socialista del Principado de Asturias y más en concreto a su presidente, Javier Fernández, – “que es vecino de la zona y algo debería decir”, matizó Espina-, y el segundo al Ministerio de Fomento en manos del PP.

Espina recordó la gravedad que la paralización de esta obra tendría para el desarrollo del plan de saneamiento integral de Gijón, que lleva pendiente de conclusión desde el año 1991. Al tiempo que reivindicaba la necesidad de que los intereses generales de más de 150.000 gijonesas del área este de la ciudad se impongan sobre los intereses particulares de un grupo de propietarios. “La sentencia es discutible legalmente y peligrosísima en su capacidad de sentar un precedente. ¿Dónde se podrá hacer cualquier cosa en Gijón, y en Asturias, a menos de dos kilómetros de un núcleo poblado? Vamos a tener que hacer las instalaciones de Gijón en Ponga”. ironizó Espina.

La normativa a la que hace alusión la juez para anular el anteproyecto de la depuradora y que establece la distancia mínima para la instalación de esta estación fue derogada en 2006 por el Principado con una ley que no da por válida la magistrada.