Vertebrando el territorio, construyendo sociedad

AURELIO MARTÍN | LNE La legislación española siempre ha relegado a los municipios a desempeñar un rol de meros gestores de servicios básicos a la población. La última ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que modifica el marco competencial de la Administración Local, supone una profundización en esta regresiva concepción del municipalismo. Sin embargo, la combinación de dos procesos globales que se han desarrollado durante las últimas décadas, la globalización y las crisis económicas – y en especial sus consecuencias más directas sobre el empleo y la emigración –, y un tercer proceso de ámbito europeo, el envejecimiento de la población, han introducido modificaciones de calado en el papel de las entidades locales: nuestros ayuntamientos se han convertido en la última y la única barrera para luchar en el ámbito local contra los impactos negativos en la economía y el medio ambiente y contra las situaciones de emergencia social que se derivan de estos tres procesos: desempleo, desahucios, pobreza energética, exclusión social, pobreza infantil… y, en definitiva, un crecimiento de las desigualdades. La ausencia de una respuesta política en Europa por parte de los Estados, sumada a los intensos cambios en las relaciones entre economía y territorio consecuencia de los fenómenos de integración económica y tecnológica, han obligado a los municipios a asumir una responsabilidad que, en principio, no les correspondía.

Abordar de una forma sostenible este nuevo papel es uno de los grandes retos que tienen hoy nuestros ayuntamientos. En Europa, y en menor medida también en nuestro país, se han venido experimentando durante los últimos años diferentes iniciativas con una filosofía común: generar redes de ciudades que, a través de procesos de economías de escala, puedan hacer frente a sus nuevas responsabilidades desde una posición más ventajosa. La creación de estructuras administrativas supramunicipales, o metropolitanas, que se corresponden con las aglomeraciones urbanas reales y no con otras consideraciones, han sido la solución a estos retos que han adoptado ciudades como Londres o Milán, en Europa, y como Barcelona o Vigo, en España. Entidades locales que, desde el mantenimiento de su identidad y autonomía, generan sinergias a la hora de gestionar servicios públicos como el transporte, el agua, la gestión de residuos o la vigilancia ambiental.

Nuestra comunidad autónoma no es ajena a estos retos. Por eso el pasado mes de marzo el Gobierno del Principado de Asturias presentó una propuesta de creación de un Área Metropolitana en el Área Central en el marco de la elaboración de las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio. Compartimos el análisis de la necesidad de generar esas sinergias entre concejos en Asturias, pero hasta ahí nuestra coincidencia con el Gobierno de Javier Fernández. No compartimos el proceso, en el que no se ha contado con los ayuntamientos implicados; no estamos de acuerdo con el número de concejos integrantes del área; y no creemos que la forma administrativa y de gobierno propuesta, en el que los municipios juegan un papel secundario, sea la más idónea.

Creemos que avanzar hacia un modelo metropolitano en el Área Central de Asturias es una oportunidad para vertebrar el territorio como apuesta estratégica para construir una sociedad con futuro. Pero deben ser los propios concejos con sus ayuntamientos al frente los que lideren y protagonicen este proceso. Por eso en Izquierda Unida hemos elaborado una propuesta que busca contribuir, desde Gijón, a desbloquear el debate autonómico: articular un consenso en el mayor concejo de Asturias puede servir para avanzar hacia la concreción de unos objetivos que, en principio, todos compartimos.

La propuesta que hemos puesto encima de la mesa para su debate con otros grupos políticos y con los agentes sociales, que requiere el desarrollo de una ley autonómica y que debería preceder a la elaboración y la aprobación de las Directrices Subregionales – donde, desde esta lógica, los concejos deberían participar activamente –, parte de tres elementos fundamentales: el liderazgo municipal en la creación del Área Metropolitana, integrada por 19 concejos de forma voluntaria; la dotación de unas competencias mínimas – gestión de proyectos europeos, administración electrónica, vigilancia ambiental… –, consensuada por una mayoría cualificada, como inicio para su desarrollo; y una organización institucional estructurada de acuerdo a una Asamblea, formada por concejales designados por sus ayuntamientos y en la que las decisiones se adoptarían por mayoría simple, y una Junta de Gobierno. En definitiva, un ente supramunicipal que tiene en su creación y desarrollo el protagonismo indiscutible de los concejos con el objetivo de establecer entre ellos relaciones de cooperación y no de competencia, y en el que las Administraciones autonómica y estatal se integran en un Comité de Cooperación para promover y facilitar el trabajo colaborativo entre estas y el Área Metropolitana.

El debate está abierto. Y creemos que Gijón debe tener un peso específico en el diseño y desarrollo de un proyecto que es una apuesta estratégica para Asturias y que tiene una especial incidencia en nuestro concejo. Por eso movemos ficha. Ahora les toca moverla a otros.

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