Habrá una iniciativa conjunta para apoyar la campaña “Boicot, Desinversiones y Sanciones” (BDS) contra el estado de Israel. Los tres Grupos Municipales de la izquierda (IU, XSP y PSOE), explicitaron su apoyo a una iniciativa conjunta que será presentada en el Pleno Municipal en Enero. Acompañados por Miguel San Miguel, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, y Jorge Ramos Tolosa, profesor e investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València, también expresaron su solidaridad con los imputados por los sucesos acaecidos en el Teatro Jovellanos en Julio de 2014, en el que varios manifestantes a favor de Palestina fueron brutalmente agredidos por la Policía y a los cuáles ahora se les piden penas de cárcel.

La campaña fue presentada por Jorge Ramos, que expuso los argumentos principales de la Red de Solidaridad con Palestina: “Es una iniciativa surgida hace diez años, en que organizaciones palestinas pidieron usar este instrumento para llegar a la paz justa, para llegar al respeto a los derechos humanos” y recordó que un movimiento similar “contribuyó a la caída del régimen de racismo de estado en Sudáfrica”. “Es fundamental entender que 67 años de limpieza étnica y Apartheid en Palestina solo son posibles con la complicidad de distintas instituciones, empresas, organizaciones de Occidente que tienen con éste régimen”, y anunció que cada vez más instituciones públicas apoyan el BDS para solidarizarse con el pueblo de Palestina.

Los representantes de los Grupos Municipales, Aurelio Martín (IU), Estefanía Puentes (XSP) y César González (PSOE), expresaron el apoyo a la iniciativa de BDS, que se sustanciará en una proposición conjunta, además de solidarizarse y expresar su apoyo a los imputados por las agresiones policiales del Teatro Jovellanos. Muchos de ellos estaban presentes en la reunión previa a la rueda de prensa. En palabras del Portavoz Municipal de IU Xixón, presente en aquella concentración de Julio de 2014, la intervención policial fue “absolutamente desproporcionada e injustificada”. Ahora están pendientes de juicio y corren el riesgo de que les impongan penas de cárcel y fuertes sanciones económicas.